Axel Kicillof logró hoy una doble victoria parlamentaria al conseguir la media sanción en la Cámara de Senadores de un proyecto de elaboración propia para reformar la caja de jubilaciones del Banco Provincia a instancias de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, transformar en Ley el Régimen de Grandes Inversiones conocido como “RIGI Bonaerense”.

El expediente más complejo era el de Bapro, que el Ejecutivo logró que se apruebe con una mayoría simple compuesta por los legisladores de Unión por la Patria y los libertarios críticos del bloque de La Libertade Avanza, que integran Carlos Kikuchi, Silvana Ventura y Sergio Vargas, quienes como adelantó DIB aye había dado señales de que respaldarían.

Se opusieron las bancadas de La Libertad Avanza1 (alienada con la Casa Rosada), el PRO, UCR – Cambio Federal y bloque menores libertarios, que consideran que el régimen que se votó instaura un régimen de “jubilaciones de privilegio” en el Banco.

El articulado, elaborado por un equipo coordinado por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel revierte una reforma previa, de 2017, votada a instancias de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

En concreto, devuelve la edad jubilatoria de las mujeres de 65 años, a la que la había llevado la reforma de Vidal, a los 60 años y crea una escala gradual para aplicar la edad mínima desde ahora. También, plantea que las jubilaciones debían volver a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese, cuando en la ley de Vidal se ordenaba hacerlo al 70%.

A la votación se llegó después de un pedido de la Suprema Corte provincial, que intervino en varios expedientes que se originaron por presentaciones judiciales de jubilados afectados por la reforma de 2017. En 2022 se había alcanzado un consenso para una reforma con un texto idéntico al que ahora se aprobó, que incluía al radicalismo y el PRO. Pero una intervención a último momento de Mauricio Macri, en combinación con Vidal, la frenó.

La votación de hoy tuvo un condimento reglamentario extra: se trató de una sesión especial, convocada por la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta Verónica Magario. Fue necesario recurrir a esa inusual figura porque el proyecto no había tenido el respaldo suficiente en comisiones. En la previa, la oposición había advertido que el formato exigía una mayoría de dos tercios de los presentes para aprobar el proyecto, pero se impuso el criterio del oficialismo de que solo era necesaria la mayoría simple.

EL RIGI

En tanto, Kicillof también consiguió que se apruebe el RIGI, proyecto que redactó el ministro de Producción, Augusto Costa, como alternativa al RIGI nacional, al que la provincia no adhirió, en el marco da disputa entre Kicillof y el presidente Javir Milei por captar la inversión de Petronas para realizar una planta de licuefacción de gas.

En el caso del RIGI, UxP votó a favor, igual que LLA, mientras que PRO y LLA1 se opusieron.

La ahora ley de RIGI bonaerense  establece una segmentación en tres grupos de acuerdo al monto de la inversión alcanzado. Así, si la inversión es de hasta US$ 50 millones (M), tendrán beneficios por 5 años y 30% de exención impositiva. Mientras que si es de entre US$ 50 M y US$ 200 M, habrá beneficios por 4 años y 25% de exención impositiva. En el caso de las inversiones mayores a US$ 200 M, los beneficios otorgados por el nuevo régimen será de 3 años y 20% de exención.

Con relación a los beneficios impositivos, el RIGI bonaerense que el Gobernador girará a la Legislatura tendrá exenciones fiscales parciales sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y de Sellos, según precisó el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, el RIGI bonaerense también contempla que los proyectos de inversión mayores a US$ 50 millones deberán presentar un “programa de desarrollo de proveedores”, que tendrá que contemplar que al menos el 50% del monto total destinado al pago a ese rubro se haga con la contratación de empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.

Punto por punto

• El nuevo régimen está destinado a los sectores de la industria manufacturera, servicios (tales como turismo, logística y otros), las inversiones intensivas en recursos naturales y proyectos estratégicos.

• Los proyectos elegibles son aquellos que contemplen una planta nueva o ampliación de instalaciones existentes.

• El plazo para presentar proyectos es de 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley y se pueden abrir futuras convocatorias.

Como se explicó más arriba, los proyectos se segmentan en tres grupos de acuerdo al monto de la inversión en cuanto a los beneficios iniciales:

• Hasta US$ 50 millones (M), beneficios por 5 años y 30% de exención impositiva.

• Entre US$ 50 M y US$ 200 M, beneficios por 4 años y 25% de exención impositiva.

• Mayores a US$ 200 M, 3 años y 20% de exención.

• Se pueden acumular beneficios adicionales en base al cumplimiento de determinadas condiciones (innovación tecnológica, incremento exportaciones, localización). Los beneficios no podrán superar los 15 años.

• Los proyectos de inversión mayores a US$ 50 millones deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores.